EEUU intensifica la presión para que España persiga a los usuarios de P2P además de las páginas de enlaces

De poco o nada parece servir que se evidencie el fracaso de las leyes y medidas que persiguen a los usuarios que comparten contenidos protegidos con derechos de autor en redes P2P. Estados Unidos cree que es la opción correcta y ha intensificado la presión para que España haga lo propio contra este tipo de usuarios.

Como veíamos ayer, el Congreso estadounidense, a través del llamado Caucus Antipiratería Internacional, ha vuelto a colocar a nuestro país en la lista de los cinco que más infringen la propiedad intelectual en Internet. "En España las redes de intercambio P2P operan con total impunidad", afirmaban en un comunicado que recogía Promusicae, la asociación de la industria musical en nuestro país.

Es cierto que en nuestro país los usuarios pueden compartir archivos en estas redes P2P su material sin ser perseguidos por ello. "Muchas veces es posible acceder a una copia de esos mismos contenidos de forma gratuita y completamente legal. Por ejemplo, si alguien las comparte directamente contigo de forma desinteresada y sin ánimo de lucro", afirma la guía del colectivo Hacktivistas.net para contrarrestar el adoctrinamiento de la industria musical.

De este modo, la interpretación que se da de las descargas en redes P2P como eMule o BitTorrent por parte del grupo antipiratería estadounidense y que apoya la industria cultural española es "errónea y tendenciosa desde el punto de vista legislativo".

Sin embargo, la maquinaria de presiones de Estados Unidos se ha puesto en marcha y los usuarios españoles de redes P2P pueden empezar a estar alerta si nos atenemos a lo visto en el pasado. Como demostró WikiLeaks, la llamada Ley Sinde fue fruto de varias reuniones del Gobierno español con autoridades estadounidense, quienes siguiendo el discurso de la potente industria cultural norteamericana advertían de la necesidad de perseguir a las páginas web con enlaces. La influencia de EEUU fue clave en la creación de la ley.

En el país norteamericano sí se persigue a los usuarios que comparten contenidos en redes P2P, aunque el éxito de sus medidas está en duda a tenor de las escasas sentencias contra usuarios. Las compañías cinematográficas rastrean las actividades de aquellos usuarios que no toman suficientes medidas de seguridad para no ser espiados y envían cartas pidiendo compensaciones económicas por vulneración de los derechos de autor o amenazan con llevarles ante el tribunal. Este es el modelo que quiere exportar a España y el Gobierno podría no descartarlo.

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